Tras cinco año de reclamo, el Supremo resuelve que la Fiscalía se equivocó
El joven Mamadou lleva esperando desde 2015 para que la administración le concediera su documentación correcta y reflejase que era menor de edad.
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Actualmente, siguen existiendo retrasos en las administraciones de extranjería para que los menores no acompañados reciban la documentación necesaria. La inestabilidad administrativa ha incrementado que menores, como es el caso del joven Mamadou, queden abandonados. Tras cinco años, el caso de este senegalés se dio por cerrado el pasado 25 de junio. Los antecedentes de este suceso comenzaron con el enfrentamiento que tuvo este menor ante la Fiscalía, cuando esta le obligó a realizarse unas pruebas que determinarían su edad. El menor aseguraba que en la documentación que tenía se confirmaba que era un adolescente. Al negarse a dicha verificación se le adjudicó la mayoría de edad.
Después de cinco años para conseguir la documentación correcta, este año, el Supremo resolvió que la Fiscalía se había equivocado al haberle declarado adulto, por no querer someterse a dichas pruebas. Aunque la sentencia no cambia los años de preocupación que este joven ha tenido que vivir, exento de protección y derechos, los jueces que han llevado el caso aseguran que este fallo va a servir para ayudar a miles de niños que se encuentran en situaciones muy parecidas a las de Mamadou. Según afirma la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal: “esperemos que esta sentencia se traduzca en un cambio legislativo”
Menores extranjeros no acompañados
Detrás del término MENA, existen miles de niños que cruzan las fronteras de sus países en búsqueda de una vida mejor. Existen miles de casos similares al de Mamadou, provocando que los retrasos y problemas administrativos dejen a miles de jóvenes sin hogar. Añadiendo además, el obstáculo que genera la escasez de acompañamiento social. Según afirma Mercedes Fernández García, educadora de un centro de menores extranjeros de la Región de Murcia este asunto sigue siendo una realidad que la sociedad desconoce.
La ley de extranjería recoge que cada menor que cruza la frontera debe prevalecer, por encima de cualquier cosa, ‘el hecho de ser menor’, independientemente del lugar de procedencia. Por consiguiente, la comunidad autónoma tiene que decretar su desamparo y hacerse cargo del menor. Ante esta normativa han aparecido casos donde sigue existiendo irregularidades y las administraciones no cumplen con su labor. En 2019 este descontrol burocrático tocó fondo pues alrededor de 10.000 niños extranjeros no acompañados se quedaron sin la documentación necesaria y por esto la ley obligó a las comunidades a tramitar toda la documentación necesaria para los menores, pero finalmente solo el 31% consiguió residencia.
Además, la pandemia también ha influido en la situación de los menores extranjeros. Durante el confinamiento se produjo el cierre de muchos campos agrícolas por la prohibición de movilidad de los jornaleros a sus lugares de trabajo. Esto trajo consigo la implantación de un decreto ley por el Gobierno. En él se les ofertaba trabajo a los menores extranjeros durante la recolecta de fruta siempre y cuando tuviese permiso de residencia. Según declaran fuentes de distintas asociaciones, como Save de Children o Unicef, a pesar de las ganas que tenían estos jóvenes de trabajar, finalmente ninguno de estos acabaron ejerciendo la labor puesto que la gran mayoría no consta con un permiso de residencia ni el documento de identificación.
Mercedes Fernandez García asegura que: “El tema de la administración y sobre todo el tema extranjería en España es lentísimo incluso pedir una cita previa o para pedir información ya se necesitan semanas. Yo creo que hay poco personal administrativo para la tramitación y situación real que hay en España. Y luego cada organización tiene pocos
trabajadores sociales pero toda la cantidad de niños. Al fin y al cabo, cada entidad o cada organización o disponen del suficiente dinero para poder costearse más trabajadores”
Además, esta educadora afirma que la solución está en incrementar más el acompañamiento social ante esta realidad que vulnera los derechos de los menores. “Hay que impulsar más el acompañamiento social partiendo de una educación en la escuela acerca de este tema” indica Fernández.
Fuente: diario El País